Infancia: una cuestión de ciudadanía

Fotografía © Marco Rodrigues/ www.flickr.com

Según la ley, la infancia tiene derechos y cualquier situación que los afecte no constituye un hecho privado sino más bien un asunto de interés público. Es decir, la seguridad y el bienestar de la infancia han dejado de ser en la era moderna un asunto privado que sólo les interesa a sus padres, para convertirse en objeto de interés ciudadano. 

Ahora bien, todos los problemas que afectan a la ciudadanía deben ser abordados de un modo u otro por las políticas públicas, aunque la manera en que deben hacerlo necesite ser objeto de opinión y de control ciudadano. Esa es la característica de los Estados democráticos, que reconocen la participación social como un derecho. En los hechos, sin embargo, la convergencia de percepciones entre quienes tienen el poder de decidir o administrar las decisiones, y los ciudadanos de a pie, resulta bastante compleja, a ratos imposible y siempre controversial. 

Sin duda, quienes tienen la responsabilidad de afrontar los problemas ciudadanos desde el Estado, tienen su propia visión de esos problemas y de su solución. Desde su ubicación pueden pensar, por ejemplo, que la escasa atención educativa a los niños menores de 3 años es un problema básicamente de las familias y que son ellas las que deben afrontarlo antes que el Estado, razón por la cual se resistirán a asignarle presupuesto público. 

En general, esta perspectiva de los problemas tiene a la mano información privilegiada en que apoyarse, aunque no siempre se utilice bien. Suele estar influida, además, no sólo por consideraciones de orden estrictamente técnico racional, sino también por los hábitos y tradiciones de la institución pública a la que se pertenece; y, sin duda, por las presiones y premuras de las que suelen ser objeto las decisiones de gobierno en función a intereses muy diversos, no todos alineados siempre al bien común. 

Por cierto, los ciudadanos, en su vasta heterogeneidad, tienen también su propia percepción de los problemas que lo aquejan. Una percepción que puede adolecer a veces de toda la información necesaria, pero que está liberada de los sesgos y parámetros institucionales que rodean al poder. Desde esta ubicación se puede pensar, por ejemplo, que la escasa atención educativa a los niños menores de 3 años, dada la escasa sensibilización de las familias con el conjunto de las necesidades del desarrollo en edades tempranas, es un problema principalmente del Estado y que es el Estado quien debería tomar la iniciativa e invertir en su solución. 

La percepción social no es necesariamente experta, aunque deba aprender a apoyarse en información y existan voces ciudadanas más especializadas que otras. Tampoco es una sola voz y es igualmente portadora de intereses diversos, pero puede estar impregnada de un sentido común y del asombro que decisores, planificadores y administradores corren el riesgo de perder con el tiempo. Sea porque se habituaron a moverse en medio de sus límites y no imaginan siquiera la posibilidad de retarlos o trascenderlos, sea porque aprendieron a mimetizarse en la postura institucional para conservar sus posiciones. 

Fernando Reimers y Noel McGinn, en un conocido estudio difundido a inicios de la década que termina (1), señalan que las políticas no deben ser resultado de la imposición unilateral del poder, pero tampoco de la persuasión o la negociación, siempre tentadas por la manipulación. Proponen más bien una construcción conjunta del conocimiento que se requiere para lograr una comprensión común de la realidad y sus desafíos. Esto parece fácil pero no lo es. Hay requisitos. Exige, por ejemplo, un diálogo público franco, colectivo y plural entre el Estado y la ciudadanía alrededor de los problemas y las alternativas, antes de decidir. Supone también una voz ciudadana más articulada, capaz de formular con claridad, consistencia y autonomía su propia perspectiva. 

En efecto, el camino hacia esta posibilidad no está libre de obstáculos. Para empezar, no todos los sectores públicos ni todas las gestiones gubernamentales reconocen al ciudadano su derecho a opinar e intervenir en las decisiones de política, y hasta la expresión abierta de una eventual disidencia puede resultarle irritante a unos más que a otros. Hay quienes creen que la participación del ciudadano se limita al voto y debe sacar las manos de los asuntos públicos. 

Adicionalmente, en el encuentro de diversas racionalidades y perspectivas: la del que toma decisiones, la del administrador, la del experto y la de los muy diversos grupos y sectores ciudadanos, esta última es la más débil y desarticulada, con menos posibilidades de influir en el «realismo» de una eventual concertación cuyos acuerdos tiendan a ser más comprensivos con las razones del Estado que con las del ciudadano. 

No obstante, en el Perú se han dado pasos importantes en dirección a constituir y articular una voz ciudadana a favor de los niños, niñas y adolescentes; y a dialogar desde ahí con el poder, dos direcciones de un mismo esfuerzo cuyo equilibrio no siempre es fácil de lograr. Instituciones como UNICEF, la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, Foro Educativo o el Consejo Nacional de Educación, cada una en su estilo y sus propios campos de acción, han contribuido mucho en ambos sentidos, no libres de tensiones e incomprensiones, pero con apertura y perseverancia. 

«Inversión en la Infancia», una iniciativa ciudadana que surge el 2009 buscando articular voces muy plurales desde la sociedad civil a favor de la inversión prioritaria en los niños menores de 5 años, se suma a este esfuerzo para aportar a construir una corriente de opinión pública a favor de la niñez temprana, que vaya más allá del consenso entre los expertos e incluya al ciudadano de pie, y que refuerce de este modo el papel concertador y de incidencia en las decisiones de política que vienen cumpliendo otras instituciones en la siempre compleja relación con las autoridades gubernamentales. 

Buscamos fortalecer una amplia conciencia ciudadana a favor no de una diminución «razonable» y a largo plazo de los indicadores críticos de la primera infancia, sino de una solución definitiva de sus problemas. Un país en crecimiento económico sostenido como el Perú, que no se cansa de exhibir sus indicadores macroeconómicos en azul, puede también promover una movilización nacional y una inversión pública de tal magnitud, que permita llegar al bicentenario, sin atenuantes ni excusas, con una primera infancia plenamente atendida, con la calidad que merece, en sus derechos fundamentales.

Luis Guerrero Ortiz

Publicado en el Blog de «Inversión en la infancia»

y en El río de Parménides

Lima, lunes 25 de octubre 2010

(1) REIMERS, Fernando y McGINN, Noel (2000), Diálogo Informado. México. Centro de Estudios Educativos y Asociación de Universidades Encargadas a la Compañía de Jesús en AL.